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PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
A continuación presentamos una serie de factores de riesgo8 que podrían afectar el devenir de la economía colombiana y mundial, haciendo énfasis en aquellos que podrían materializarse en los próximos dos años. Algunos de estos riesgos nos han venido acompañando desde hace un tiempo y son sin duda muy relevantes, como los efectos por el cambio climático o aquellos derivados de la mayor concentración del ingreso a nivel mundial; no obstante, trascienden el ámbito de análisis de este documento. Algunos otros temas, como los efectos económicos de la fragmentación política global que estamos observando en el mundo, ya fueron analizados en nuestra publicación del año pasado.
8 Entendemos por factores de riesgo aquellos eventos cuya probabilidad de ocurrencia dependen de circunstancias difíciles de pronosticar y que pueden cambiar la senda de crecimiento en uno u otro sentido.
1. Deterioro de la situación económica en países desarrollados
Durante la primera mitad de 2023 fuimos testigos de cómo algunas instituciones bancarias en Estados Unidos aunque no exclusivamente en esa economía (recuérdese el colapso del Credit Suisse en marzo pasado), entraron en situación de quiebra y debieron ser intervenidas o fusionadas con otras entidades. En general, es natural que después de muchos años de tasas de interés bajas, incluso negativas en términos reales, un alza tan fuerte y generalizada de esta variable ponga en aprietos a algunas instituciones bancarias. A pesar de esto, y al menos en el caso particular de Estados Unidos, las autoridades han sido bastante tajantes en señalar que la salud del sistema es buena y que de existir problemas éstos se concentrarían, sobre todo, en algunas entidades sin efecto sistémico.
En el Recuadro 1 presentamos el emblemático caso del Silicon Valley Bank, entidad que colapsó en los primeros días de marzo, y que resulta ser particular en atención a que más del 55% de sus activos estaban representados por títulos de renta fija, no por crédito, lo que le produjo enormes pérdidas ante el incremento de las tasas de interés. Además, los montos promedio de los depósitos eran usualmente elevados, lo que hacía que el banco estuviera particularmente expuesto a una corrida bancaria. Como se discute en el siguiente recuadro, no se puede descartar que efectivamente bancos pequeños no supervisados por la FED y con concentraciones elevadas en crédito hipotecario puedan llegar a tener problemas, aunque sin riesgo sistémico evidente y con un cubrimiento relativamente satisfactorio por parte de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
fija (bonos del Tesoro principalmente) y no por crédito como cabría esperar de un banco. El 8 de marzo, SVB anunció una venta por USD 2,250 millones de sus activos, especialmente del abultado portafolio de títulos. Si bien estos títulos son considerados los más seguros entre muchas opciones de inversión, han sido los más afectados en la coyuntura de aumentos en las tasas de interés.
El anuncio de SVB tenía como objetivo cubrir parte de esas pérdidas acumuladas; sin embargo, la decisión no solo implicaba materializar las pérdidas, sino incluso hacerlas mayores, afectando sus ya débiles reservas de liquidez. Al final del día, ante la creciente espiral de miedo entre inversionistas y depositantes, las acciones de SVB cayeron en un solo día más de 60% y los clientes retiraron masivamente sus fondos. El 10 de marzo, tras la inevitable quiebra de SVB, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EE.UU. (FDIC por sus siglas en inglés) intervino y tomó control del banco.
Medidas de contención
Desde su creación en 1935, la FDIC ha buscado mantener la estabilidad y la confianza en el sistema financiero estadounidense mediante la provisión de un seguro de depósitos. Para ello, se creó el Fondo de Seguro de Depósitos (DIF por sus siglas en inglés) cuyos objetivos son el aseguramiento y protección de los depositantes, y la liquidación de bancos quebrados.
A corte del primer trimestre de 2023, la gestión del DIF ha permitido asegurar un saldo de USD 10.5 billones10 en depósitos, lo que representa el 58.6% del saldo total en depósitos del sistema financiero. A su vez, la razón de reserva del fondo registró un nivel de 1.1, es decir, puede cubrir 1.1 veces los depósitos asegurados, nivel aceptable a pesar del estrés reciente que atravesó el sistema11.
10 De acuerdo con la escala numérica en español, un billón equivale a 1012, es decir, un millón de millones, lo que en países de habla inglesa equivale a un trillón.
11Es importante resaltar que el seguro cubre hasta USD 250,000 por cada cuenta, lo que dejaba al 94% de los clientes del SBV sin cobertura. Por lo tanto, los reguladores bancarios anunciaron el aseguramiento de la totalidad de los saldos de depósito del SBV con un fondo especial financiado con las tarifas cobradas a todas las entidades aseguradas por FDIC.
El 12 de marzo, la FDIC, la FED y el Departamento del Tesoro, lanzaron en conjunto el Programa Bancario de Financiación a Plazo (BTFP por sus siglas en inglés), a través del cual las entidades elegibles (bancos, corporaciones de ahorro, cooperativas y otras entidades depositarias) pueden acceder a préstamos con la FED a un plazo máximo de un año y cuenta con fondos disponibles de hasta USD 0.25 billones para otorgar liquidez al sistema bancario. Además, cuenta con el respaldo del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro que funciona como cuenta de reserva de emergencia para mitigar la inestabilidad en los mercados.
Salud del sistema
Un elemento importante para entender esta coyuntura es que la causa de la crisis se originó en la iliquidez y pérdida de confianza de los inversionistas en la capacidad de estos bancos para administrar los riesgos propios del negocio y no por una preocupación derivada del deterioro de la cartera de crédito o por bajos requerimientos de capital del sistema. De hecho, los requerimientos mínimos de cobertura de riesgo y nivel de capital se incrementaron por regulación desde la última crisis crediticia en 2008, así como el fortalecimiento de la gestión de activos y pasivos al interior de la mayoría de las entidades financieras.
Algunos indicadores como la solvencia total y el indicador de cobertura muestran que, incluso al desagregar por tamaño de activos, las entidades financieras cuentan en la actualidad con los niveles de capital y provisiones necesarios para hacer frente ante los riesgos asociados a cambios en la liquidez, en las tasas de interés y en la pérdida de confianza.
Cabe destacar que el sistema financiero de Estados Unidos cuenta con un sistema de regulación dual en el cual un banco es vigilado por el gobierno federal o por un estado, dependiendo de su tamaño e importancia sistémica. Los bancos regionales siguen la regulación dictada por el estado donde operan, mientras que los bancos vigilados a nivel federal siguen las exigencias de la Junta de la Reserva Federal (FRB por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés).
Existen diferencias importantes en las exigencias de los reguladores, especialmente en términos de requerimientos de capital y costo de fondeo, considerando que a los bancos más grandes la FRB y la OCC les exige niveles de capital y de fondeo alineados a los estándares de Basilea III. Por su parte, si bien las agencias estatales han venido implementando estos estándares recientemente, los niveles a cumplir por las entidades regionales siguen estando por debajo12 de los exigidos a los bancos grandes.
En un panorama como el actual, en donde los riesgos de estabilidad del sistema financiero se materializan en medio de una postura de normalización monetaria que busca combatir la inflación, es posible que más entidades tengan efectos negativos en sus rentabilidades y los resultados de su operación, especialmente ante los recientes aumentos en la morosidad de los hogares, que para los bancos pequeños (por fuera del top 100), llegó a máximos históricos en el segundo trimestre del año en el segmento de tarjetas de crédito. Por lo anterior, no sorprende que el pasado 21 de agosto se hayan anunciado nuevas rebajas en la calificación crediticia de algunas entidades pequeñas y medianas ante mayores problemas de financiación debido a los aumentos en las tasas de interés, deterioros en la calidad de la cartera y el descenso de los depósitos 13.
12 En términos de solvencia, a las entidades grandes se les exige un mínimo de 9%, en contraste al 8% que deben cumplir las entidades regionales. En el caso del costo de fondeo, se debe cumplir para entidades grandes un coeficiente de fondeo estable de 100%. Las entidades regionales con fondeo superior a USD 50 mm deben cumplir con un indicador de 70%, mientras que las que se encuentran por debajo de este umbral no tienen que cumplir con el indicador.
13 S&P rebaja calificación de varios bancos estadounidenses. Tomado de https://dataifx.com/image/sp-rebaja-calificacion-de-varios-bancos-estadounidenses.
2. Posibilidades de recesión en los Estados Unidos.
A pesar de la aparente moderación del crecimiento económico mundial en el segundo trimestre del año, el crecimiento del PIB de los Estados Unidos conservó un buen comportamiento en este mismo periodo y se espera que en el tercer trimestre se haya acelerado en forma significativa. Aún así, la preocupación por el crecimiento de la mayor economía del mundo es grande: el FMI, por ejemplo, proyecta un crecimiento del 1% para el 2024 después del crecimiento estimado del 1.8% en 2023.
El menor crecimiento en 2024 estaría sustentado en varios elementos. En primer lugar, está el tema del mercado hipotecario: a junio pasado los precios de la vivienda usada, de acuerdo con el indicador Case-Shiller, registraron una variación negativa cercana al -1.8%, tasa que no se observaba desde mayo del 2012. Naturalmente la caída de los precios está asociada a un aumento de la oferta de vivienda -dados los altos precios observados en los dos años anteriores- y a la fuerte disminución en la demanda como resultado de las altas tasas de interés. De otra parte, las preocupaciones sobre el crecimiento de EE.UU. se originan en el aumento de las tasas de interés en general, que deteriora la calidad de la cartera, y en las políticas de endurecimiento en el otorgamiento de crédito que han sido especialmente fuertes en los últimos meses. Es importante señalar que históricamente varias recesiones en esa economía han estado asociadas a la menor disposición a otorgar crédito por parte del sector financiero.
3. Desaceleración en la economía China.
Después del estallido de la crisis del sector inmobiliario en China hace dos años, este permanece en una situación precaria y podría agudizarse en los próximos meses. En agosto pasado, el desarrollador más grande del país, Country Garden, incumplió en sus pagos de deuda externa y otras empresas del sector tuvieron problemas. El gobierno chino ha sido renuente a apoyar a las empresas de construcción residencial desde que en 2020, Evergrande, una de las compañías más apalancadas y más grandes del sector, incumplió con algunos de sus pagos. La crisis del sector inmobiliario se ha venido trasladando a algunas instituciones financieras, en particular compañías fiduciarias, que tradicionalmente habían sido fuente importante del financiamiento para los nuevos desarrollos inmobiliarios.
Además de las dificultades del sector hipotecario, no podemos sustraernos de los efectos que está teniendo la guerra comercial con Estados Unidos sobre la economía asiática. En agosto pasado, el gobierno de los Estados Unidos instauró un nuevo conjunto de medidas orientadas a prohibir la transferencia de tecnología e inversión en un número limitado de empresas chinas relacionadas con computación, inteligencia artificial con fines militares y semiconductores avanzados. El objetivo de estas medidas es evitar que ese país pueda utilizar estos conocimientos para amenazar la seguridad nacional de los EE.UU.
Finalmente, la economía china parece estar afectada por dos elementos adicionales de corto plazo. En primer lugar, algunos analistas sugieren que debido a los constantes cierres de la actividad económica que se dieron en los últimos tres años por efecto de la aplicación de las políticas de cero tolerancia al Covid-19, los consumidores han perdido la confianza, disminuyendo su gasto y aumentando en forma excesiva su ahorro. Estos analistas sugieren que, en la medida que la economía no vuelva a sufrir este tipo de cierres, la confianza y el consumo de los hogares retornarán. Por otra parte, la pérdida de dinamismo se está dando vía sus exportaciones tras los efectos de una menor demanda externa por sus productos. Este factor podría revertirse a medida que las tasas de interés bajen en los países desarrollados a partir de mediados de 2024.
enfrentó Japón en los años noventa, cuando sufrió un fuerte desapalancamiento de su economía, caracterizado por bajo crecimiento, baja inflación, caída en los precios de los activos y estrés financiero, situación que fue denominada como una “recesión de balance general”.
Este tipo de fenómeno14 ocurre cuando a través de un alto endeudamiento se sostiene una fase prolongada de compras de activos con el consecuente aumento en sus precios. Una vez que el aumento en endeudamiento se vuelve insostenible, la demanda por activos cae al igual que sus precios. Las empresas y los hogares se enfrentan entonces a una situación compleja en la que el valor de sus activos cae pero no el valor de sus pasivos, para lo cual deben realizar un prolongado período de desapalancamiento que suele llevarse a cabo a través de una reducción en el consumo.
14 En inglés se conoce como “Balance Sheet Recession” y fue acuñado por el economista Richard Koo (2014).
En presencia de una situación como la anterior, se generan varios fenómenos que suelen actuar de manera sincronizada. Por una parte, la política monetaria se vuelve relativamente ineficaz en la medida que las reducciones de tasa de interés no inducen necesariamente un aumento en el consumo o la inversión ante la necesidad que tienen los agentes de continuar el proceso de desapalancamiento. La política fiscal se vuelve relevante para evitar un deterioro mayor en la economía y una mayor desvalorización en los precios de los activos. Por otra parte, la mayor necesidad de ahorro hace que el consumo y la inversión disminuyan, con lo cual la inflación suele ser baja o incluso negativa. Esta situación es más compleja porque, por sí misma, una inflación negativa se constituye en un incentivo para que los agentes aplacen aún más el consumo a sabiendas de que los precios van a bajar, lo que deteriora aún más las perspectivas de crecimiento. Este proceso puede durar muchos años tal como ha ocurrido en Japón a partir de los años noventa15.
15Richard Koo (2014) sugiere que aún después de eliminar el sobre endeudamiento se puede producir un bloqueo sicológico a endeudarse por parte de muchos agentes tal como ocurrió en los Estados Unidos después de la gran depresión..
Si bien el debate sobre el diagnóstico de la economía china está abierto, hay elementos comparables entre los dos países que hacen sonar las alarmas sobre la necesidad de un mayor estímulo fiscal en China. Sin embargo, al hacer la comparación también hay importantes diferencias, algunas de las cuales juegan a favor de China y que pueden ayudarle a evitar la situación de Japón. Revisemos entonces los detalles.
¿En qué se parece la China actual con el Japón de los 90s?
En términos económicos, hay al menos cuatro grandes similitudes entre la actual China y Japón de los años noventa. China, al igual que el Japón de esa época, ha experimentado un importante desarrollo económico que la ha llevado a ser actualmente la segunda economía más grande del mundo, sobrepasando al Japón que fue la segunda economía más grande entre 1968 y 2010. Debido a estos crecimientos significativos, los precios de los activos también presentaron importantes valorizaciones y las entidades tanto públicas como privadas empezaron a acumular deudas para financiar su creciente gasto.
Como se puede ver en el siguiente gráfico, el sector inmobiliario en ambos países presentó un importante desarrollo con la consolidación del proceso de urbanización durante los períodos de comparación, el cual desembocó en un aumento significativo de los precios de las viviendas. Según algunos analistas, tal como sucedió con la burbuja inmobiliaria de Japón de finales de los ochenta, la corrección que inició en 2021 en el sector inmobiliario de China no es inducida únicamente por cambios de la política pública sino por modificaciones entre la oferta y la demanda de vivienda, debido a diferentes factores como el alto endeudamiento del sector privado, el envejecimiento poblacional y la maduración del proceso de urbanización.
El segundo elemento coincidente es el creciente aumento de la deuda privada. Según el Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés), la tasa de crédito desembolsado al sector privado no financiero como proporción del PIB alcanzó 219.5% al finalizar 2022 en China, mientras que, en marzo de 1993, esta misma métrica llegó a 213.3% en Japón. En ambos casos, el endeudamiento es principalmente doméstico, por lo que el desapalancamiento recae sobre los hogares, las empresas y el sector público local.
El tercer elemento común es el envejecimiento de la población pues en ambos países sus tasas de crecimiento han disminuido sistemáticamente desde los años setenta, llegando incluso a ser negativa para Japón desde 2009 y para China en 2022. Esto conlleva a que la población mayor de 65 años tenga una participación más amplia en ambos países, en Japón llegó a ser 13.9% en 1993 y en China llegó a 13.7% en 2022, implicando cambios estructurales en diferentes aspectos como la demanda por bienes y servicios, la productividad y el ahorro disponible.
Finalmente, entre las similitudes se puede destacar el manejo de la política monetaria. Sobre el Japón de los noventa, varios autores han coincidido en que la política monetaria fue muy ortodoxa y no combatió de manera suficiente el proceso deflacionario que se presentó, permitiendo que la economía cayera en una dinámica perversa de baja inflación. En el caso de China, su Banco Central ha disminuido marginalmente sus tasas de interés dejando, según algunos observadores, que las tasas de interés reales aumenten a niveles que son contractivos para la economía. Además, la inclusión de la expectativa de un renminbi “estable” en el comunicado de prensa de la reunión del Politburó16 de julio pasado hace pensar que el Banco Central de China no estaría muy dispuesto a realizar una expansión monetaria amplia, tal como lo hizo el Banco del Japón en los noventa.
¿Cuáles son las diferencias entre la China actual y el Japón de los 90s?
Evidentemente entre la situación de China en la actualidad y Japón en los años noventa existen importantes diferencias que, en términos generales, pueden generar un contexto más retador en la toma de decisiones de política para China.
16 El Politburó es el Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China que es el órgano clave en las decisiones de máximo nivel del Partido Comunista de China. Está integrado por 25 miembros elegidos por el Comité Central, el que a su vez es elegido cada cinco años por el Congreso Nacional del Partido.
La primera gran diferencia entre los dos países es su nivel de riqueza per cápita. Utilizando cifras expresadas en dólares estadounidenses constantes del 2015 y con fuente del Banco Mundial, en 2022, el PIB per cápita en China fue de USD 11,560, una cifra bastante inferior a los registros de Japón de USD 36,032 en 2022 e incluso de USD 28,422 en 1990. Tal como sugieren algunos analistas, China antes que volverse más rica se está envejeciendo y endeudando significativamente, lo que conlleva a mayores presiones fiscales debido a las brechas de ingresos que tiene la población más vulnerable para acceder a servicios de salud y a las pensiones.
La segunda diferencia es el contexto geopolítico que enfrentan los dos países, pues mientras que las disputas comerciales entre EE.UU. y Japón estuvieron enmarcadas en un contexto de dos países aliados política y militarmente, China es un claro rival de EE.UU. en términos políticos, militares y comerciales, lo que hace más complejas las relaciones entre los dos países. La creciente des-globalización observada en los últimos años y el mayor aislamiento establecido por EE.UU. a China para el acceso a tecnologías de punta es un contexto retador para promover el crecimiento y la expansión de China.
La tercera diferencia es la capacidad de estímulo fiscal. Al cierre de 2021, el nivel de deuda bruta del gobierno general de China llegó a representar 71.5% del PIB, pero esta cifra podría ser superior al 90% del PIB si se suman las deudas no reconocidas por las entidades territoriales. Por su parte, al inicio de la burbuja inmobiliaria japonesa en 1991, la deuda bruta del gobierno general de Japón era del 62.2% del PIB.
La deuda pública japonesa bruta había llegado a 145% del PIB diez años después y ha continuado abultándose después de la crisis financiera internacional de 2008 y la pandemia del Covid-19. El proceso de acumulación de endeudamiento público en China también se aceleró después de estos dos eventos, pero varios analistas consideran que China no tiene un espacio fiscal tan amplio para dar mayores estímulos fiscales en los próximos diez años. De esta realidad parece ser consciente el gobierno chino pues, en la reunión del Politburó de julio pasado, se mostró renuente a otorgar más estímulos a pesar de que reconoció los retos que está enfrentando el país.
La cuarta diferencia la encontramos en la tasa de urbanización17 , la cual para China, se ubicó en 63.5% en 2022, cifra inferior al 77.3% registrado por Japón en los años noventa. El menor porcentaje de urbanización implica que hay un mayor espacio de incremento en la productividad en la economía china derivado de la migración desde el área rural a la urbana.
En el sector inmobiliario, sugiere que puede haber un mayor espacio para la demanda de vivienda de las personas que actualmente están residiendo en ciudades pero que no hacen parte del programa de urbanización y de posibles nuevos migrantes.
Otra diferencia entre estos países es el tamaño del mercado interno chino, con un potencial de crecimiento mucho mayor que el de la economía japonesa, y el compromiso de su gobierno para fortalecerlo e interconectarlo, y de esa manera generar un desarrollo más robusto.
Finalmente, y probablemente la diferencia que nos permite pensar que China no seguirá el mismo camino de Japón, es el amplio control del gobierno chino sobre los precios de diferentes activos, entre esos la vivienda. Este marco
“ Evitar una japonización de China
requiere reformas estructurales
”
17 Porcentaje de la población que vive en zonas urbanas.
4. Decisiones discrecionales del Estado frente a algunos macroproyectos en Colombia
Como es de público conocimiento, en Colombia la nueva administración nacional ha cuestionado algunos proyectos que venían siendo apoyados en administraciones pasadas. Por su envergadura y alcance, una decisión que suspenda o restructure cualquiera de los siguientes proyectos podría modificar significativamente el desempeño sectorial, e incluso el PIB nacional, en 2024.
Tal vez el más emblemático de estos proyectos es la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), contratada en noviembre de 2019 por parte de la Empresa Metro de Bogotá con el consorcio chino Sociedad Metro Línea 1 con el fin de construir, suministrar los equipos y operar el Metro por un lapso de 20 años. Si bien en el Plan Nacional de Desarrollo no se hace mención a un cambio frente a este proyecto, el Gobierno Nacional ha manifestado su interés en cambiar algunos aspectos del proyecto como volver subterráneo uno de los tramos que fue diseñado elevado. La discusión sobre la viabilidad de hacer estas modificaciones está fuera del alcance de este documento, pero es claro que pronunciamientos sobre el tema generan incertidumbre y preocupación, en especial sobre posibles demoras que podrían generarse en la entrega del proyecto y en el calendario de obras que se ejecutarían en 2024 y años siguientes.
Para medir el impacto en caso que se materialice un posible retraso o paralización de la PLMB basta con tener en cuenta que el valor de inversión de esta obra asciende a los COP 13 billones, de los cuales cerca de COP 5 billones corresponden al componente de obras civiles. A julio de 2023 se han ejecutado más de COP 2 billones (equivalentes al 15.9% del Capex), capital que ha permitido un avance físico del 24.7%18 tras los desarrollos en el patio taller en Bosa, el intercambiador vial de la calle 72 con Caracas, el puente entre la avenida 68 con Primero de Mayo, la compra de predios, el traslado de redes y la fabricación de los primeros trenes en China19.
18 El avance físico corresponde al desarrollo del proyecto a través de la ejecución de las obras frente a su objetivo final, mientras que el avance financiero es el porcentaje de inversión total que se ha gastado en la ejecución del proyecto.
19Fuente: Empresa Metro de Bogotá.
De continuar así, según los cronogramas del Metro de Bogotá, al cierre de 2023 el avance físico debería ascender al 35% y en 2024 al 42%. Sin embargo, de concretarse una posible obstaculización a la continuidad de la PLMB como quedó contratada, estimamos que se dejarían de invertir cerca de COP 2.5 billones en 2024, lo que generaría un impacto negativo directo sobre el desempeño de la actividad de obras civiles en la ciudad y el país.
Otro de los proyectos que podría verse afectado por las posiciones de la administración nacional es el de explotación de carbón planteado por la compañía Best Coal Company (BCC), filial de la multinacional turca Yildirim, quien cuenta con títulos de explotación de carbón en tres áreas ubicadas en el departamento de La Guajira. El proyecto de BCC incluye el desarrollo de una mina en cada una de estas áreas: Papayal y Cañaverales -minas a cielo abierto- y San Juan -mina subterránea-.
BCC ha concebido el proyecto como un ecosistema de exportación, por lo que plantearon la construcción de una línea férrea y un puerto con capacidad para exportar 35 millones de toneladas anuales. Las minas de Papayal y Cañaverales tendrían que iniciar operación en 2024, pero el proyecto está estancado por la falta de licencias ambientales. Con estas dos áreas el país estaría produciendo aproximadamente 4 millones de toneladas anuales adicionales, por lo que la producción se incrementaría cerca de un 7% en comparación con la registrada en 2022. Vale la pena resaltar que las inversiones ejecutadas superan ya los USD 45 millones.
En el caso del complejo San Juan, se estima que la producción podría alcanzar los 28 millones de toneladas al año, lo que representa casi la mitad de la producción que tuvo Colombia en 2022. Si bien el proyecto se presupuestó para entrar en operación en 2026, los tropiezos de la compañía con sus proyectos de menor escala y la postura del gobierno menos favorable al desarrollo de proyectos carboníferos hacen difícil en la actualidad pensar en el fin exitoso de estas iniciativas.
“el desempeño de algunos sectores, como el de la construcción
de
obras civiles, está pendiente de definiciones discrecionales”